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Denuncian uso político de recursos públicos en Iguazú durante la campaña electoral

Una presentación formal ante el Tribunal Electoral de Misiones puso el foco sobre la utilización de recursos estatales con fines proselitistas en la ciudad de Puerto Iguazú, en el marco de la campaña de cara a las elecciones del próximo 8 de junio.

La iniciativa surge luego que la candidata a concejal por Puerto Iguazú, Úrsula Waidelich, realizara una advertencia pública a través de sus redes sociales, denunciando presuntas irregularidades en el uso de programas provinciales y nacionales durante la campaña. En esa oportunidad, la dirigente sostuvo que “los actos proselitistas realizados con recursos públicos están completamente fuera de la ley” y llamó a la comunidad a no naturalizar estas prácticas.

La denuncia, ingresada por representantes del Partido Libertario, apunta a funcionarios y candidatos del Frente Renovador que habrían promovido su imagen electoral mediante operativos públicos de salud y documentación ciudadana, en un período legalmente restringido por la Ley Electoral de la provincia.

Dicha denuncia fue presentada por el apoderado Víctor Wall y contó con el asesoramiento técnico del abogado Nicolás Sosa, integrante del equipo jurídico libertario.

La presentación ante el Tribunal Electoral se fundamenta en el artículo 66, inciso 4, de la Ley XI – Nº 6 (antes Ley 4080), que prohíbe expresamente la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto dentro de los treinta días previos a los comicios.

Entre los casos señalados en la denuncia se encuentran publicaciones y operativos difundidos por Magdalena Irala, Javier Bareiro y Manuel Vargas, quienes actualmente cumplen funciones públicas y son candidatos a concejal por el oficialismo provincial.

Fuentes del espacio libertario confirmaron que la denuncia se basa en material público, capturas de pantalla y enlaces a publicaciones en redes sociales y medios locales, y que también se solicitó al Tribunal la certificación de dichos contenidos.

Desde diversos sectores de la oposición vienen reclamando reglas claras e igualdad de condiciones en la competencia electoral. Mientras tanto, la presentación judicial ahora deberá ser analizada por las autoridades del Tribunal Electoral.

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