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El Senado aprobó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

El Gobierno cierra una semana en el Congreso de la Nación en la que la oposición hizo valer su mayoría y se impuso tanto en Diputados como en el Senado. Luego de que los primeros rechazaran el DNU que otorga $100 mil millones de gastos reservados a la SIDE, la Cámara alta aprobó la ley de movilidad jubilatoria por 61 votos a favor y ocho en contra, lo que significa que se aprobó por dos tercios y se establecieron cambios al modelo que propuso el Ejecutivo por DNU.

El Senado de la Nación aprobó ayer por dos tercios, en general y en particular, el proyecto que aumenta las jubilaciones un 8,1% y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC), que ya tuvo la media sanción de la Cámara de Diputados y por la cual el presidente Javier Milei advirtió que hará uso del veto. Fue por 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones, en general.

En particular, la oposición logró blindar todos los artículos sensibles y que ponen en jaque al Gobierno nacional con dos tercios. Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

A su vez, dispone que la ANSES “garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09”.

También instruye a la institución a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales “no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley”.

Su aprobación significará un gasto del 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ante este panorama, Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto. El jefe de Estado calificó como “degenerados fiscales” a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto.