Diputados declaró la nulidad del decreto que suspendió la Ley de Emergencia en Discapacidad
En una sesión cargada de tensión y con más de 12 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del jueves la nulidad absoluta del decreto 681/25, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había suspendido la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La iniciativa obtuvo 119 votos afirmativos, 67 negativos y ocho abstenciones, marcando un claro revés político para el oficialismo.
El proyecto, impulsado por la diputada de Desarrollo y Coherencia Marcela Pagano, declara “nula de nulidad absoluta e insanable” la cláusula firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que había dejado en suspenso la aplicación de la ley. En términos jurídicos, la resolución implica que el decreto carece de efecto legal, es decir, que el Ejecutivo no puede alterar una norma ya promulgada por el Congreso.
Durante su intervención, Pagano fue categórica: “La suspensión de la ley fue ilegal porque había cumplido todos los pasos constitucionales: ambas cámaras la aprobaron, el Ejecutivo la vetó y luego el Congreso insistió. No requiere más trámite para ser promulgada”.
La diputada, ahora opositora, cuestionó duramente la decisión del Gobierno y apuntó a Francos por haber “violado la Constitución”. “¿Para qué debatimos leyes si después por decreto se habilita la suspensión? ¿Para qué juramos la Constitución si después vamos a permitir que se desobedezca?”, lanzó en el recinto, ante el aplauso de buena parte del arco opositor.
Y agregó, en tono enfático: “Esto no es un tecnicismo, es un avasallamiento a la institución del Congreso. No es una formalidad, es una afrenta a la soberanía de la República”.
Qué implica la ley de emergencia en Discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido sancionada con el objetivo de garantizar recursos extraordinarios para personas con discapacidad, centros de atención, terapias, traslados y programas de inclusión. Su suspensión, dispuesta por el decreto 681/25, paralizó prestaciones médicas y subsidios, generando un impacto inmediato sobre miles de familias en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno justificó la suspensión alegando la necesidad de “evaluar la eficiencia del gasto público” y “mantener el equilibrio fiscal”. Sin embargo, para los legisladores opositores, detrás de esa decisión se escondía un ajuste encubierto que afectaba directamente a los sectores más débiles.
Pagano cuestionó ese argumento: “Me hubiera encantado discutirlo en el Presupuesto, pero Espert no nos permitió”, recordó, en referencia al diputado liberal José Luis Espert, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto, quien había bloqueado el tratamiento del tema.
Institucionalidad, derechos y un mensaje al poder
La restitución de la Ley de Emergencia en Discapacidad fue más que un acto administrativo: fue una defensa de la institucionalidad y de los derechos humanos. En un contexto de ajuste económico y conflictividad social, el Congreso envió un mensaje contundente: no todo vale en nombre del equilibrio fiscal.
El episodio también reaviva el debate sobre los límites constitucionales del presidencialismo y la necesidad de fortalecer la división de poderes frente al avance del Ejecutivo.
“Si hoy se suspende una ley sobre discapacidad, mañana puede hacerse lo mismo con cualquier otro derecho”, advirtieron legisladores de distintos bloques durante la sesión.
