El Gobierno anunció la disolución de Vialidad Nacional

El Gobierno nacional avanzará con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. El vocero Manuel Adorni comunicó los cambios que se realizarán por decreto, a horas del fin de las facultades delegadas. «La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada», dijo.

En una conferencia de prensa convocada al filo de que venzan los superpoderes que el Congreso le otorgó al presidente Javier Milei a través de la ley Bases, el portavoz dio a conocer una serie de modificaciones que impulsarán por decreto, entre los que se encuentran las reformas y supresiones de organismos relacionados al área de vialidad.

La eliminación de Vialidad Nacional y de su contraparte de Seguridad Vial estaba dentro de los planes de la administración nacional desde hace tiempo, pero hasta ahora no se había formalizado. Finalmente, este lunes Adorni anticipó que se llevará a adelante el cambio a través de una medida que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial. Este martes 8 de julio finalizarán la delegación de facultades.

Para justificar los cambios, el vocero se refirió a la causa Vialidad por la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde, según dijo, la Justicia halló «maniobras fraudulentas» mediante la «adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelanto financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos». «No se construyeron las rutas y la plata se la quedaba igual», denunció Adorni.
El portavoz aseguró que el organismo «se inventó para simplificar la corrupción», motivo por el cual decidieron suprimirlo. «En virtud de esto, el Presidente Javier Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial». Se trata de una reorganización del sector, dijo. A partir de ahora, la tarea de control que realizaba la ANSV será realizada por Gendarmería.

A partir de la publicación del decreto, se modificará la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a denominarse como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. «Será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas, actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales», continuó Adorni y anticipó que se dará paso a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas.

El vocero explicó que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial, mientras que el control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Según afirmaron desde el Gobierno a través de un comunicado, el esquema actual cuenta con «una dotación elevada» y una «configuración jerárquica extensiva que dificultan la toma de decisiones y restan agilidad a la ejecución de proyectos, lo que redunda en altos costos operativos para el Estado Nacional».

La Dirección Nacional de Vialidad cuenta actualmente con 5.184 agentes: 1.091 se encuentran en Casa Central y 4.053 agentes están asignados a los 24 distritos viales.

«La disolución de este organismo generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares, y sus funciones serán asumidas entre la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas», afirmaron.

Con la reestructuración, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. «Se focalizará en la verificación del cumplimiento normativo y contractual, y en la investigación de los accidentes ferroviarios», informaron. En tanto que el resto de las funciones de la CNRT serán absorbidas por la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

En lo que respecta a la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), el Gobierno dio a conocer que con el nuevo esquema «dejará de funcionar como tal, reducirá considerablemente su alcance y gasto» y se llamará Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. «Limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil para dar cumplimiento con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)», anticiparon.

En cuanto a las funciones inherentes de la JST referidas a la investigación técnica de sucesos automotores, los absorberá la Secretaría de Transporte. Asimismo, las relacionadas a «sucesos del ámbito ferroviario estarán a cargo de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte».

«La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada. Lo acaba de firmar el presidente de la Nación», afirmó el portavoz y Secretario de Medios de la Nación durante la conferencia. El decreto se firmará y publicará esta noche, en el marco de las facultadas delegadas, una herramienta que Adorni defendió. «Decían que aprobarlas era inconstitucional y que le estaban dando superpoderes a un gobierno reaccionario que solo iban a servir para destruir el país», pero, según dijo, «la realidad es que el gobierno de Milei es de los pocos que no solicitó o decretó una prórroga de las facultades delegadas».

El vocero encabezó los anuncios en Casa Rosada, acompañado en primera fila por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien tenía bajo su ala la redacción de los decretos de reforma estatal, en el marco de la «motosierra» que puso en marcha Nación desde el 10 de diciembre del 2023.

Durante la conferencia, Adorni y Sturzenegger hicieron un repaso sobre los decretos que se firmaron en el marco de las facultades delegadas. «En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos» a partir del cierre y la fusión de organismos, entre otros el INADI o el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y numerosos fondos fiduciarios, según enumeró el portavoz.

«Esta es la primera etapa del plan motosierra que, como saben y lo hemos dicho mil veces, esta motosierra en lo que respecta a nosotros es infinita», remarcó Adorni.

Al tomar la palabra, el Ministro celebró las transformaciones implementadas y agradeció a su equipo, como también al de la Secretaría de Legal y Técnica que conduce María Ibarzabal. Según anticipó, el próximo miércoles celebrarán en Casa Rosada la tarea realizada. «Vamos a tener una reunión acá en Casa de Gobierno; el presidente va a celebrar. Vamos a ser unas 200 personas, más o menos, que hemos trabajado, estamos directamente involucrados», dijo.

Para resumir el recorrido de los decretos reformadores, el ministro sintetizó que empezó con lo que calificó como «un símbolo» como el INADI, el cual calificó como «la representación más clara del uso político del Estado» para «imponer una visión ideológica a los argentinos», y termina «con Vialidad, que es el ícono de la corrupción kirchnerista».