Se lanzó un plan que prevé un mapa con las potenciales zonas de desastre del país
El Gobierno nacional lanzó este martes un plan que prevé un mapa para identificar las potenciales zonas de desastre del país, con el fin de priorizar en ellas las obras de infraestructura necesarias y buscar el financiamiento para su concreción, en la búsqueda de un «cambio de paradigma» en el manejo de este tipo de situaciones.
En el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres 2018-2023 trabajarán la mayoría de los ministerios y organismos públicos y privados y la idea es que esté listo en octubre próximo, cuando el presidente Mauricio Macri lo ponga en funcionamiento a través de un decreto.
Así, Argentina será pionera en América Latina en elaborar este tipo de programas de acuerdo con el protocolo de Sendai, una norma internacional adoptada en 2015 por varios países y que establece como prioridad comprender el riesgo de desastre existente en un país y promover las inversiones para reducir esos eventos.
En el programa trabajarán los ministerios de Interior, Salud, Desarrollo Social, Seguridad, Transporte, Energía, Relaciones Exteriores, entre otros, junto a los Cascos Blancos, las provincias, los municipios y diversos organismos privados.
Los técnicos se reunirán en nueve mesas de trabajo en las que tratarán las amenazas hidrometeorológicas, comandada por el Instituto Nacional del Agua, las amenazas geodinámicas, que tratará los fenómenos volcánicos y los terremotos y las tecnológicas, que incluirán las amenazas a instalaciones fijas y transportes de materiales peligrosos.
También se tratarán los incendios forestales a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que pasaría a la órbita del Ministerio de Seguridad. Además habrá mesas que tratarán la Educación y la participación social en la prevención, los riesgos subyacentes y ambientales como el cambio climático y el reordenamiento territorial.
Además tratarán aspectos vinculados a la salud y al saneamiento, a cargo del Ministerio de Salud, la mitigación de los efectos en los grupos vulnerables a cargo de la cartera de Desarrollo Social y el financiamiento de las obras, a cargo del Ministerio del Interior, con acciones en el corto y en el mediano plazo.
