El fiscal del expediente, Guillermo Marijuan, había ordenado la intervención del teléfono de Parrilli que está imputado en esa causa, por el juez Ariel Lijo, por el supuesto encubrimiento a Pérez Corradi.
En el curso de una investigación judicial sobre el rol que tuvo el ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli en la búsqueda del ex prófugo del caso de la efedrina, Ibar Esteban Pérez Corradi, surgieron nuevas pruebas que involucrarían a Cristina Fernández en una nueva causa que se abrirá en su contra.
Parrilli hablaba seguido con la ex presidenta con quien mantiene una relación de máxima confianza. En una de las charlas que tuvieron,Cristina, enojada con el ex jefe de los espías Antonio «Jaime» Stiuso, le dice a Parrilli: «Empezá a buscar todas las causas que le armamos». Cuando se da cuenta de lo que podría ser un sincericidio que la terminaría implicando en un posible delito, ella aclara: «No que le armamos, que lo denunciamos».
Las transcripciones de las escuchas oficiales y legales ordenadas por el fiscal Marijuán agregan que Parrilli igualmente le contesta que son ocho las causas «que le hicieron». Por esa charla, y por otros elementos judiciales en curso, el fiscal Marijuán decidió que imputará a Cristina Fernández por «abuso de autoridad en concurso de falsa denuncia».
Este nuevo expediente que Marijuán impulsará contra la ex presidenta se activará tras la feria judicial.
Hay un diálogo que genera inquietud en los investigadores. Se produjo luego de la charla en la que hablaban de las causas que le «armaron» a Stiuso. En la comunicación, Parrilli le advierte a la ex presidenta que los teléfonos están «chupados», por lo que podría haber también una complicidad de la oficina de la AFI que se encarga de intervenir las líneas por pedidos de la Justicia. La Justicia sospecha que le habrían advertido a Parrilli, justo quien fue el ex director de la central de inteligencia durante el kirchnerismo.
Pollicita, el «coimero» según Cristina, terminó impulsando su procesamiento como jefa de una asociación ilícita que usó los fondos de la obra pública para apropiárselos de modo ilegal.
