Previo al avance de la causa les envió un exhorto a todos los escribanos en Santa Cruz para que informen a la Justicia sobre «todos los poderes de distintas características» relacionados con las 21 personas procesados en el caso. Esto incluye, además de la ex mandataria, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
El exhorto alcanza a «todos los escribanos que figuran en el listado que aportó el Colegio de Escribanos de la provincia», que deberán comunicar sobre «todos los poderes de distintas característica en los cuales hayan intervenido como poderantes o apoderados las personas físicas y jurídicas investigadas».
El juez cree que hubo más operaciones sospechosas que las detectadas hasta el momento en relación con Los Sauces, y que también hay más apoderados.
La madre de la causa es la inmobiliaria de los Kirchner, que desde 2009 tuvo como principales inquilinos a Báez y López, acusados de pagar coimas para conseguir beneficios del Estado durante el kirchnerismo. Entre los dos le garantizaron a la sociedad K ingresos por $ 25 millones hasta 2015.
El pedido enviado por Bonadio alcanzó a 43 empresas, pertenecientes a la ex presidenta, a Báez, a López y a Osvaldo «Bochi» Sanfelice (exsocio de Máximo y procesado en la causa), como así también la Sucesión Néstor Kirchner y el condominio de los hijos de Cristina. Luego de ordenar los procesamientos el juez declinó la investigación en su par Julián Ercolini, que investiga a la expresidenta en las causas Hotesur y corrupción en la obra pública.