La Ciudad quiere que los manifestantes “paguen” los destrozos en el Congreso

El Gobierno porteño iniciará una demanda civil contra los activistas que protestaron el lunes por la reforma previsional.

“Nos presentamos como querellantes en la causa que investiga el juez federal Sergio Torres para poder tener un rol activo y proponer medidas de prueba dada la magnitud y la gravedad de los hechos que ocurrieron el lunes en contra del patrimonio de la ciudad”, afirmó el procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

El procurador anticipó que, más allá de la sanción penal, el gobierno porteño también iniciará una demanda civil contra “aquellas personas que estén identificadas para resarcir el perjuicio que cometieron y que paguen de su bolsillo los daños que realizaron a la plaza”.

Según estimaciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, la reparación total de los daños causados en la plaza demandará 24 millones de pesos, poco menos de la mitad del monto total que se destinó a principios de año para la puesta en valor de ese espacio público, que ascendió a 59 millones.

“Es decir que en una jornada los daños equivalieron a casi la mitad de lo que costó hacer toda la plaza”, indicó Astarloa, para quien “no es justo” que los gastos de reparación “los tengan que costear los vecinos a través de los recursos del presupuesto de la ciudad”.

Durante los violentos incidentes del lunes, fuentes, canteros y bancos de la plaza fueron destruidos por los manifestantes para poder arrojar piedras contra los efectivos policiales.

“La decisión es actuar de modo enérgico para desalentar la idea que tienen algunos de que la violencia es un método natural para expresar la disidencia. No se puede confundir la protesta social válida y legítima en una sociedad democrática con actuar con violencia y destruir el patrimonio de la ciudad”, aseveró a Télam el procurador porteño.

Según Astarloa, el lunes pasado “se cometieron varios delitos” en las inmediaciones del Parlamento; entre ellos, el de “daño agravado”, que contempla una pena de entre 3 meses a 4 años de prisión; además de los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad.

“Queremos ser enérgicos y proactivos para que la Justicia prontamente pueda sancionar a los responsables en sede penal y, como querellantes, vamos a colaborar para que esto ocurra de manera rápida y ejemplar”, concluyó.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *