Federico Neis, uno de los intendentes procesados por el juez Bonadio

Esto, en una causa que investiga la supuesta malversación de fondos del Tesoro Nacional, entre 2013 y 2015, que tenían como destino inversiones para el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).

Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos, monto que corresponde a la suma promedio que cada intendente habría recibido para la implementación del programa.

Al ser consultado por El Territorio sobre el procesamiento, Neis se mostró sorprendido, y afirmó que aún no había recibido notificaciones. No obstante, se muestra tranquilo, ya que dice tener pruebas de su inocencia ya que “el dinero está en una cuenta corriente” y esto ya se había notificado ante la Justicia.

Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ­respecto de la mayoría­ de igual manera por la Alzada», sostuvo el juez Bonadio en la resolución que hizo pública el sitio de noticias Infobae.

Según la investigación, los fondos eran girados directamente desde las arcas del tesoro nacional al municipio que llevara adelante tales medidas a favor del Medio Ambiente, a partir de un convenio y luego de que la administración local presentara un proyecto ajustado a cada programa. Luego, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación aprobaba el informe y luego se realizaba la transferencia de fondos.

El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras de esas provincias nunca se hicieron.

El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para «disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales», según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.